QUE PASA AHORA EN LA CSJ? VIERON A SIDNEY?

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Prensa Grafica 05 de marzo

Después de un mes de discusiones, 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lograron ponerse de acuerdo y decidieron dar un ultimátum a sus compañeros de la Sala de lo Constitucional para que desistan de seguir conociendo y entreguen el expediente de una demanda de inconstitucionalidad contra la Corte.

Ayer les enviaron una resolución en la cual les dan un plazo de tres días hábiles, que corre a partir del momento en que fueron notificados, para que entreguen el expediente de ese caso a sus magistrados suplentes.

Les advierten que de no acatar la resolución se reservan el derecho de tomar otras medidas legales; por ejemplo, acudir al uso de la fuerza pública para quitarles el expediente del caso.

“Si transcurridos esos tres días no entregan los expedientes a sus suplentes la Corte Suprema se vería obligada a tomar acciones legales. Es extraordinario e inaudito que un magistrado se niegue a cumplir con una orden de la CSJ”, explicó el magistrado de la Sala de lo Penal, Ulices del Dios Guzmán.

La sentencia le reitera a los magistrados constitucionalistas Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco que deben de hacerse a un lado porque están inhibidos de conocer el recurso de amparo que presentó un ex empleado de la CSJ. Este no es el primer veto. Ya en dos ocasiones anteriores el pleno les había advertido a los magistrados que estaban inhibidos para seguir conociendo la demanda.

El argumento del G-11 es que los cuatro constitucionalistas no pueden ser “juez y parte del proceso, es decir, no pueden resolver sobre una demanda donde ellos forman parte de la instancia demandada”.

En cambio, los cuatro magistrados sostienen que ellos sí pueden resolver esa demanda porque ellos no eran parte de la Corte en el momento que el ex empleado fue despedido y que presentó el recurso y que, por tanto, no son parte de la autoridad demandada.

Se intentó conocer la opinión de los magistrados, pero a través de la dirección de comunicaciones de la Corte hicieron saber que no se referirán al tema porque es un amparo que continúan tramitando. La última vez que el magistrado Rodolfo González habló sobre el tema consideró: “Nosotros lo vamos a seguir tramitando hasta llevarlo a sentencia. Esta sala no engaveta expedientes, los tramita por espinosos que sean. No engavetamos expedientes ni siquiera porque haya diferencia de criterios”.

El expediente

El caso que ha dado paso a la pugna entre cuatro magistrados contra el resto del pleno es una demanda presentada por el ex empleado Hugo Zelaya Monteagudo, quien en 2008 demandó a la Corte por haberlo destituido de su cargo como jefe de del departamento de finanzas, según él, sin haberle brindado derecho de audiencia o respuesta.

“La CSJ todavía no lo ha decidido, pero existe la posibilidad de estudiar si se encuentra cometimiento de delito por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Si así fuera, tendría que presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República”, agregó Guzmán.

Otras decisiones

Los 10 magistrados –el pleno sin los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional– establecieron que el tribunal que revisará la demanda quedará conformado por los siguientes suplentes: German Álvarez, Francisco Ortiz, Celina Escolán, Ovidio Bonilla y Sandra Dinora Barillas.

El magistrado constitucionalista Néstor Castaneda no firmó ninguno de estos acuerdos porque la Corte resolvió sobre una petición que él había hecho de que se le excusara de conocer el tema porque sí se considera parte de la autoridad demandada.

La Corte Plena decidió aceptar la petición de Castaneda y en la misma resolución firmada este jueves notifican que aceptan la separación de Castaneda del caso.

Esa decisión supuso invalidar el último acuerdo tomado por los cuatro magistrados constitucionalistas, donde ellos habían resuelto sobre la situación de Castaneda.

Las cuatro semanas que se tardaron los magistrados para decidir qué harían ante la desobediencia de sus compañeros de Corte generaron más acumulación de más expedientes. No firmaron ningún acuerdo. La Corte se declaró en sesión permanente y no trató otro tema más que el caso Zelaya Monteagudo. En el último balance del pleno conocido en enero se conoció que los magistrados acumulaban una mora de al menos 305 procesos pendientes de resolver.