Es constitucional la prohibición de sindicalismo pero si es permitida la representación por una personalidad jurídica
Art. 47Cn- LOS PATRONOS Y TRABAJADORES PRIVADOS, SIN DISTINCION DE NACIONALIDAD,
SEXO, RAZA, CREDO O IDEAS POLITICAS Y CUALQUIERA QUE SEA SU ACTIVIDAD O LA NATURALEZA
DEL TRABAJO QUE REALICEN, TIENEN EL DERECHO DE ASOCIARSE LIBREMENTE PARA LA DEFENSA DE
SUS RESPECTIVOS INTERESES, FORMANDO ASOCIACIONES PROFESIONALES O SINDICATOS. EL MISMO
DERECHO TENDRAN LOS TRABAJADORES DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES AUTONOMAS, LOS
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS Y LOS EMPLEADOS MUNICIPALES.
NO DISPONDRAN DEL DERECHO CONSIGNADO EN EL INCISO ANTERIOR, LOS FUNCIONARIOS
Y EMPLEADOS PUBLICOS COMPRENDIDOS EN EL INCISO TERCERO DEL ART. 219 Y 236 DE ESTA
CONSTITUCION, LOS MIEMBROS DE LA FUERZA ARMADA, DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL, LOS
MIEMBROS DE LA CARRERA JUDICIAL Y LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE EJERZAN EN SUS FUNCIONES
PODER DECISORIO O DESEMPEÑAN CARGOS DIRECTIVOS O SEAN EMPLEADOS CUYAS OBLIGACIONES
SON DE NATURALEZA ALTAMENTE CONFIDENCIAL.
EN EL CASO DEL MINISTERIO PUBLICO, ADEMAS DE LOS TITULARES DE LAS INSTITUCIONES
QUE LO INTEGRAN, NO GOZARAN DEL DERECHO A LA SINDICACION SUS RESPECTIVOS ADJUNTOS, NI
QUIENES ACTUAN COMO AGENTES AUXILIARES, PROCURADORES AUXILIARES, PROCURADORES DE
TRABAJO Y DELEGADOS.
DICHAS ORGANIZACIONES TIENEN DERECHO A PERSONALIDAD JURIDICA Y A SER DEBIDAMENTE
PROTEGIDAS EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. SU DISOLUCION O SUSPENSION SOLO PODRA
DECRETARSE EN LOS CASOS Y CON LAS FORMALIDADES DETERMINADAS POR LA LEY
En lo que respecta a los funcionarios públicos, ambos órganos
han tenido conocimiento del consenso alcanzado en la etapa
preparatoria de la adopción del Convenio núm. 87, en el sentido
de que «el reconocimiento del derecho sindical a los funcionarios
públicos no tiene relación alguna con la cuestión del derecho de
esos funcionarios a la huelga» (OIT, 1947, pág. 107), y han considerado
que, cuando no se concede a los funcionarios públicos el
derecho de huelga, deberían disfrutar de garantías adecuadas
para proteger sus intereses, como por ejemplo procedimientos de
conciliación y arbitraje apropiados, imparciales y rápidos en los que
las partes puedan participar en todas las etapas, y en los que las
decisiones arbitrales sean obligatorias para ambas partes y se apliquen
plena y prontamente.